Desesperanza

23 de abril de 2003

Una de las noticias más tristes que he escuchado en los últimos tiempos fue el hallazgo de un cadáver flotando en aguas del Sena. Tras su recuperación, y después de un proceso largo y difícil de identificación, las autoridades francesas pudieron acreditar que se trataba de un refugiado español. Este ciudadano, que murió en el exilio, no estaba afiliado a ningún partido político, ni pertenecía a ninguna ideología concreta. Era tan solamente un español de tantos/as que después del golpe de estado defendió la legalidad democrática de la República en las trincheras.

Algunas averiguaciones llevadas a cabo por periodistas tiempo después de la noticia, acreditaron como este ciudadano español había ido a la embajada española en el año 1.979, aprobada ya la Constitución, para ver la posibilidad de poder regresar a su patria, puesto que no contaba con recursos económicos para el viaje, ni con los medios necesarios para vivir una vez instaurada en España la democracia. Se daba la paradoja de que este ciudadano español podría haberse quedado a vivir en Francia, y haber solicitado por méritos, según legislación vigente, una remuneración económica por tener probado que perteneció a la resistencia, ya que defendió las libertades democráticas cuando Francia fue invadida por los nazis. Sin embargo, quiso retornar a la madre patria española.

Le negaron la solicitud, en forma alguna se le facilitó desde la embajada española la entrada a su país, y en ningún momento se le dio ningún soporte legal. Esto quedó acreditado en los diferentes artículos que siguieron a esta primera noticia.

Los progresistas de este país lo hicimos muy mal; no tuvimos en cuenta casos como éste a la hora de negociar el paso de la dictadura a la transición. En cualquier plaza, en cualquier calle, nos encontramos restos del pasado, desde nombres de colaboracionistas con la dictadura hasta estatuas del mismo dictador. Sin embargo, en todo el territorio nacional, no existe ni un solo monumento a los que lucharon por la libertad y la democracia republicana en este país, independientemente del color de la ideología que tuvieran. No tenemos ni un solo monumento a su memoria, ni uno sólo en el que se les pueda depositar unas flores.

Cuando una ciudadana -como yo- pide permiso en la institución pública en la que trabaja, para asistir a un acto al cementerio en el que se va a rendir homenaje a la memoria de los caídos por las libertades democráticas, y se le niega la hora que necesita, aunque la mitad de esta la obtenga del tiempo de su desayuno, no sólo es una vergüenza para alguien que, como mujer y ciudadana, ha luchado por los derechos políticos y libertades de este Estado, sino que además es una afrenta a la memoria de todos los asesinados, como aquel ciudadano español que murió sin que nadie reconociera su valía y sus sacrificios por nuestro país.

La conclusión no puede ser más clara, ni más devastadora: nos equivocamos, y a fondo. Prueba de ello es que a una ciudadana se le exija que si quiere asistir a un acto de conmemoración como el arriba descrito, lo tenga que solicitar de sus días libres. Está claro que la memoria de un republicano español no vale ni tan siquiera 30 minutos.