Un paso atrás

Introducción

Hace poco más de dos años el PP, con su presidente a la cabeza, promulgó una ley anti referendum popular como estrategia política para detener al lendakari señor Ibarretxe, y ésta fue derogada por el gobierno del Sr. Zapatero cosa que me congratuló. Con fecha de enero de 2004 escribí el siguiente artículo, donde podreis comprobar que si dicha ley siguiera en vigor se podría imputar a los líderes del PP, como en su día se intentó hacer con el señor lendakari Ibarretxe, por fortuna esto no se logró y yo sigo manteniendo mi postura de aquel tiempo ya que como socialista pienso que los derechos son intocables, aunque en este caso beneficien a aquellos que en su día quisieron anularlos.

4 de Enero de 2004

Quisiera, en la medida de lo posible, apartar mi condición de militante socialista y de mujer feminista en lo que voy a decir, ya que mi intención es ser lo más cáustica posible en pro de la objetividad y racionalidad de mi exposición.

La introducción por parte del gobierno que preside el señor José María Aznar, de una ley que penaliza cualquier convocatoria de referéndum para luchar contra el Plan Ibarretxe supone una agresión a la Constitución y por consiguiente, a las libertades y a las garantías que la ciudadanía hasta el día de hoy habíamos gozado.

Esta decisión, tomada por el señor Aznar, introduce algo tan anticonstitucional como es el delito de opinión política o ideológica. Un referéndum puede ser legal o no, vinculante o no vinculante, o simplemente suponer una desfachatez; pero ninguno de estos supuestos se puede perseguir judicialmente, así como tampoco puede perseguirse a una idea o a, ni mucho menos, aquellos que la proponen, siempre que éstas no estén recogidas en el código penal, como es el caso.

No quiero entrar a valorar políticamente si esta medida sirve para el propósito de mantener el mando constitucional de la integridad del territorio, o si se trata de combatir el fuego con gasolina. Lo que pretendo con mis razonamientos es ser lo más imparcial posible desde el primer momento, intentando para ello apartar mis sentimientos e ideología, expresándome como una ciudadana más dentro de una democracia y de un Estado de Derecho.

Hablemos de hechos históricos comprobables: hubo un tiempo en el que podríamos decir que se me podía calificar de delincuente. Estoy hablando de tiempos preconstitucionales. Mis delitos eran los siguientes: pedir la igualdad y la equiparación legal entre hombres y mujeres, derecho al aborto, aprobación de la ley del divorcio y despenalización de la interrupción de embarazo. Gran parte de estos delitos desaparecieron cuando se aprobó la Constitución. En ella se recogían muchas de mis peticiones como delincuente, y lo que para mí era, todavía si cabe, más importante: que no se volvería a perseguir penalmente ninguna idea política o a la persona que participara de ella.

De ahí mi alarma cuando el Ejecutivo tramitó la ley antireferéndum Ibarretxe. En lógica judicial quiere decir lo siguiente: el señor Ibarretxe convoca un referéndum ilegal, es decir, tipificado como delito. Todos aquellos ciudadanos/as que concurran a él se convierten en cómplices, por lo tanto también deberían ser penados. ¿Piensa usted, señor Aznar, que puede juzgar, condenar y meter en la cárcel a toda la militancia del PNV que decidan acercarse a las urnas para depositar su voto? Permítame decirle que tendría que multiplicar por mucho el sistema penitenciario del Estado, porque además de los votantes del PNV, posiblemente tendría que encarcelar también a ciudadanos/as como yo, que después de sufrir la presión judicial por nuestras ideas políticas, no estamos dispuestos a permitir que demos un paso atrás, ni en las libertades que la Constitución nos otorga, ni en la convivencia pacífica que ahora hemos logrado mantener.

Quizás lo que debería estar tipificado y convenientemente legislado es la estupidez. Para ejemplo tenemos al ministro de Justicia cuando dijo que “no sabía si la ley está bien o mal, pero que algo había que hacer”. Mire, si usted como ministro de justicia promulga una ley de la que no está seguro si es correcta o no lo es, no está haciendo otra cosa que prevaricar en el sentido más amplio de la palabra. La política que ha llevado en los últimos años el señor Aznar, primero cuando estaba en la oposición y después cuando llegó al gobierno, basada en someter al Estado a una tensión continua, en la que el eje consistía en avivar los enfrentamientos entre comunidades e ideologías de manera permanente y continua, primero para llegar al poder, y luego para mantenerse en él, dan como resultados campos abonados para la radicalización de los nacionalismos.

La imagen del señor Arzallus arengando a los que considera patriotas vascos, paraguas en mano, en las escaleras del Tribunal de Justicia Vasco es el mejor regalo que jamás pudo recibir. Ha conseguido usted señor Aznar, con su talante de confrontación de ordeno y mando de general prusiano, convertir en una amenaza para la convivencia lo que sólo era un disparate legal, y que tiene su precedente en la actuación llevada a cabo en Italia por la Liga Norte, a la cual no se prestó atención alguna y se disolvió como agua en azúcar, sin crear ningún daño.

Señor Presidente, en ciertos aspectos de la vida los orígenes pueden ser determinantes. Como ciudadana en el actual marco legal, compruebo que las personas que se quieren divorciar lo hacen, y las que no, no; las mujeres que por las razones que sean deciden interrumpir su embarazo pueden hacerlo, y las que quieren llevarlo a término también; y no pasa absolutamente nada. Aquella lluvia de fuego y muerte que desde la dictadura se anunciaba se reveló como lo que siempre fue: una gran mentira.

Su gran problema señor Aznar es que se le llena la boca con la palabra Constitución, pero no sabe lo que significa ni para lo que vale. Si algo ha demostrado nuestra Constitución es que en este país cabemos todos/as, y que las negociaciones y el consenso, junto a las reglas democráticas del juego, nos pueden garantizar una convivencia en paz entre los ciudadanos/as a pesar de las diferentes ideologías de nuestro Estado.

La penalización de las ideas u opiniones políticas sólo nos puede llevar a situaciones graves de crispación, que espero que no se produzcan. Rectifique señor Aznar, porque lo malo de su error es que llevado a las últimas consecuencias lo pagaremos todos los hombres y mujeres de nuestro país.